Los préstamos avalados por el ICO se hacen de rogar

author Óscar Ahulló Fecha de publicación: 30.06.2020
Los préstamos avalados por el ICO se hacen de rogar

Los préstamos del ICO son escurridizos. Solo los han obtenido el 70% de las empresas que los han solicitado, y el 75% del dinero concedido ha ido a parar a autónomos y micropymes de menos de 10 empleados.

Los préstamos ICO son canales de financiación puestos en marcha por el Gobierno de España, y avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), para ayudar económicamente a aquellos que han sufrido las consecuencias económicas de la crisis sanitaria del COVID-19. El problema es que no los están recibiendo todos quienes los necesitan.

Para acceder a esta financiación, los solicitantes deben acreditar cierta solvencia y acreditar perjuicio o pérdidas, pero parece ser que dichas condiciones son tan estrictas que resulta complicado cumplirlas.

Según la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), un 9,5% de los solicitantes todavía espera resultados, y un 18,8% ha visto la solicitud denegada.

Ya han sido desbloqueados 100.000 millones de euros en virtud de estos préstamos, de los cuales se han repartido ya casi 70.000 millones, con 565.110 operaciones aprobadas. “Tres cuartas partes de esta financiación se han destinado a autónomos y micropymes”, resume José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB).

Aun así, según el director de Economía y Transformación Digital de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Luis Aribayos, siguen siendo estas microempresas “las que mayores dificultades siguen teniendo a la hora de acceder a los créditos ICO avalados por el Estado”. Y esto se debe a “sus reducidos recursos propios y un ajustado margen de beneficios”.

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Condiciones inalcanzables

Las duras condiciones provocan atascos en el carril de las solicitudes aprobadas: el 70% de los autónomos solicitantes siguen esperando la resolución o han conocido ya que no obtendrán la financiación.

Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de la ATA, explica que “las empresas que antes de la crisis tenían cierto músculo financiero pasan la criba; las que ya tenían pérdidas o impagos, aunque estuviesen experimentando cierto crecimiento, como es el caso de muchas start up, no”; mientras que las del comercio minorista “tienen problemas para adquirir stocks y revenderlos, así que sus ratings de solvencia bajan”, añade.

El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Luis Abad, se muestra confundido: “Entendemos que se trata de casos en los que el riesgo de insolvencia puede llegar a ser muy alto, pero en estos momentos, cuando más necesidad de liquidez hay y por parte de muchos autónomos se llega a la desesperación, ¿cómo es posible pedir solvencia?”.

La solución, en su opinión, radica en bajar el listón de exigencias y dejar que sea gestionado íntegramente por estamentos públicos: “Lo que se hizo fue apretar el botoncito del dinero y dejar que lo gestione la banca privada (...) para que, de todos y cada uno de los préstamos, se justifique por qué se conceden o deniegan”.

Dinero público y entidades privadas

Aunque los préstamos sean de procedencia pública, son 123 entidades financieras privadas las encargadas de ponerlos en circulación.

Campuzano insiste en que hacerlo de esta forma “es fundamental para canalizar la financiación al tejido productivo”. Pero esto no quita que los bancos “deben actuar de forma responsable y prudente, una máxima que comparten y reclaman las autoridades; por esa razón, el Gobierno ha condicionado la concesión de los avales a empresas solventes que no tuvieran impagados antes de la crisis sanitaria”, admite él mismo.

Ferrero, por su parte, advierte de la peligrosidad del método y que “no solo España, sino todos los Estados que han puesto en marcha medidas similares quieren evitar que el sistema financiero acabe en una situación de morosidad excesiva”.

Ferrero vería con buenos ojos lanzar una línea de créditos con condiciones más relajadas y enfocadas a financiar exclusivamente micropymes y autónomos, de entre 12.000 y 16.000 euros, para permitirse retomar la actividad y recuperar la inercia lentamente. “Si el Estado cubre el 80% y el restante 20% queda a expensas de los datos que aporta el propio autónomo, esta última parte podría estar avalada perfectamente por las Comunidades Autónomas, a través de las sociedades de garantías recíprocas”, concluye el experto.

Fuente: El Páis

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Óscar Ahulló

Es redactor creativo publicitario y redactor web especializado en finanzas.
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