La ley más cara para España y su intrahistoria

Fecha de publicación: 02.03.2018
La ley más cara para España y su intrahistoria

La Comisión Europea ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que imponga a España una multa de 105.991 euros por cada día de retraso en la aplicación de la reformada y flamante nueva Ley Hipotecaria. Esta ley es la misma que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de noviembre de 2017 y que ahora tiene que superar un proceso de aprobación y ratificación, con los trámites que le corresponden, justo como a cualquier otra ley de su rango, en ambas cámaras del Parlamento, sean estas el Congreso de Ministros y el Senado.

Así se desprende del recurso que el Ejecutivo comunitario presentó ante la Justicia europea el pasado 27 de septiembre de 2017. En dicho recurso, la parte actora solicita que se imponga esta sanción económica de forma diaria y repetida desde el día en que el Estado español dejara de cumplir con la obligación de incorporar la nueva Ley Hipotecaria a su normativa nacional. Para poder llevar a cabo la imposición de la sanción económica y su cálculo, es necesario determinar desde qué día está España incurriendo en desobediencia, es decir, en qué fecha debería haber adoptado oficialmente la nueva norma y no lo hizo. Se tratará, pues, del momento en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea corrobore en una sentencia las disposiciones necesarias y los detalles del incumplimiento con la directiva sobre contratos de crédito.

Desde cuándo está desobedeciendo España

En concreto, la normativa europea que nos atañe debería haber sido traspuesta por todos los Estados miembros de la Unión Europea a sus legislaciones nacionales antes del 21 de marzo de 2016. Llegado este día, se consideraba que los estados incurrían en falta, de no haber adoptado la ley. Bruselas había preparado ya un procedimiento de infracción el año anterior, concretamente, en mayo de 2015, previendo la posible necesidad de amonestar a algún Estado. Y así fue, ya que cuatro países de la UE, entre los que se encuentra el nuestro, necesitaron del envío de un dictamen motivado en noviembre de 2016 para abrir los ojos.

Finalmente, la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en abril del 2017. También ha sido llamados a tribunales Croacia, Chipre y Portugal, todos por razón de haberse retrasado en su obligación de adaptar sus normativas nacionales a las disposiciones recogidas por la directiva europea.

Por ello, Bruselas pide al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declare que España ha incumplido las obligaciones recogidas en esta legislación y propone que se imponga una multa "coercitiva" diaria y acumulativa de 105.991,60 euros. El importe, defiende el Ejecutivo comunitario, se ha calculado "teniendo en cuenta la gravedad y la duración de la infracción y el efecto disuasorio en función de la capacidad de pago" de España.

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Una ley que no nos ha salido barata

El Gobierno español aprobó en Consejo de Ministros, por fin, el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario –así es como se llamará en España- el pasado 3 de noviembre. Ya están en marcha y prácticamente finiquitados los trámites parlamentarios, último requisito para su aprobación formal, para que en breve entre en vigor la nueva ley. El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad aseguró entonces en un comunicado que la norma cuenta con un "amplio consenso político".

El titular de Economía, Luis de Guindos, señaló también que el retraso para aprobar esta norma se debió principalmente a que el Gobierno se encontraba en funciones en 2016 y a la situación en Cataluña.

Este retraso, como ya sabemos, va a comportar una vertiginosa suma de dinero que habrá que abonar en concepto de multa, y que convierte a esta nueva Ley de Crédito Inmobiliario en una de las más caras de la historia de España.

 

Fuente: Las Provincias

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