Aplazadas 3 meses las cuotas del crédito al consumo durante el coronavirus

author Óscar Ahulló Fecha de publicación: 27.05.2020
Aplazadas 3 meses las cuotas del crédito al consumo durante el coronavirus

Una de las medidas económicas aprobadas por el Gobierno frente a la crisis del coronavirus permite a los más vulnerables aplazar las cuotas de su crédito en tres meses

El Consejo de Ministros del Gobierno ha puesto en práctica multitud de medidas de prevención de la economía con el objetivo de que la crisis del coronavirus no perjudique más de la cuenta a la ciudadanía española, haciendo hincapié en beneficiar a las personas con más problemas económicos. Pero no todas estas actuaciones afectan a la vivienda, también las hay relacionadas con los créditos al consumo.

Dos ayudas importantes

Aprobada por el Real Decreto 11/2020, la principal medida es la posibilidad de que los colectivos vulnerables hallados en una situación de dificultad económica, especialmente a causa del estado de alarma, puedan acogerse a una moratoria de, como mínimo, tres meses para el pago de las cuotas de devolución de sus créditos al consumo.

Pero esta no es la única ayuda, ya que el texto normativo permite también que todos aquellos trabajadores que hayan quedado en situación de desempleo o afectado por un ERTE, así como los empresarios y autónomos que hayan reducido su actividad comercial, tendrán la posibilidad de extraer una específica cantidad de dinero de su plan de pensiones y hacer uso de él en tiempos de crisis.

La moratoria: cómo y cuándo

En concreto, el artículo 21 del Real Decreto dice sobre la primera ayuda que se aplica la “suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria siempre que el particular que lo ha contratado esté en “situación de vulnerabilidad económica”. De ser así, el interesado deberá dirigirse a su banco, o a la entidad que le ha concedido el crédito, para solicitar la suspensión del pago de las cuotas durante tres meses. Este periodo es ampliable mediante un posterior acuerdo legislativo. Para conseguir el aplazamiento, es fundamental presentar documentación acreditativa de la situación de vulnerabilidad económica. La fecha límite para solicitar esta moratoria llegará treinta días después del levantamiento del estado de alarma.

Cuando se haya pedido el aplazamiento, y según reza el texto normativo, “el acreedor procederá a la suspensión automática de las obligaciones derivadas del crédito”, sin mediar más negociación ni modificar cláusula contractual alguna. “La suspensión de las obligaciones contractuales surtirá efecto desde la solicitud del deudor al acreedor, acompañada de la documentación requerida, a través de cualquier medio”.

Acto seguido, la entidad prestadora del crédito al consumo notificará al Banco de España sobre la formalización de la moratoria.

Es importante saber que estas cuotas mensuales aplazadas deben ser abonadas posteriormente, pero esta demora no acarrea intereses.

Si existe la figura del avalista en el crédito en cuestión, puede exigir que el “acreedor agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión”.

Planes de pensiones abiertos

Este Real Decreto comprende una medida adicional a la moratoria, que afecta especialmente a los trabajadores o autónomos cuya economía se encuentre de capa caída debido a la crisis del coronavirus. Para superar las dificultades económicas, se dota de mayor flexibilidad a la disposición de planes de pensiones. Trabajadores en paro por un ERTE o empresarios y autónomos con descenso suficiente de ingresos pueden recurrir al capital ahorrado en sus planes de pensiones para superar la crisis. Esto puede solicitarse durante los seis meses posteriores a la declaración del estado de alarma, periodo prorrogable por decisión del Consejo de Ministros.

Concretamente, el dinero del que se puede disponer será equivalente al lucro cesante: el salario no percibido a causa del ERTE, para los trabajadores, o las pérdidas por el cese o disminución de la actividad comercial, en el caso de autónomos y empresarios mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria.

La disposición del dinero es casi inmediata, ya que la norma dicta que el solicitante obtendrá el dinero siete días después de su solicitud, a más tardar. Este capital queda sujeto, entonces, “al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones”. Y el mismo tratamiento tienen los “planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social”.

Fuente: El Páis

 

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Óscar Ahulló

Es redactor creativo publicitario y redactor web especializado en finanzas.
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